Golpe de Estado electoral en Euskadi

marzo 31, 2009

Es increíble estar escuchando estos días en las televisiones, radios y leyendo en prensa que “Euskadi vuelve a la normalidad democrática”, lo cual asume que llevan treinta años de “excepcionalidad” democrática. Esta normalidad parte de una de las mayores “fisuras” que puede tener un sistema electoral, dejar fuera de las instituciones a un número importante de votantes, que en este caso podemos cifrar en unos 96.500 votos nulos (votos nulos de las elecciones 2009 menos el voto nulo “técnico” en las elecciones de 2005).

 

Otro de los datos que se repiten insistentemente, es que los “españolistas” han sacado más votos que los “nacionalistas”, lo cual es simplemente mentira, los votos de PNV, EA y Aralar suman 496.591 y los de PSE, PP y Rosa Díez suman 482.839. Todo esto sin contar con EB, que antes de las elecciones eran nacionalistas y después de las elecciones dejaron de serlo para muchos de los comentaristas políticos, sin duda sorprendente. Con lo cual el “vuelco electoral” del País Vasco es un “vuelco parlamentario”, derivado básicamente de que cada provincia vasca elige 25 diputados y Álava que es la menos poblada es la más afín a los partidos españolistas (en esta provincia saca el diputado Rosa Díez, para entendernos).

 

Es cierto que todos los sistemas electorales son imperfectos (no reflejan con exactitud en número de escaños el número de votos) y por lo tanto se puede considerar legítimo que haya más diputados “españolistas” que “nacionalistas”, pero no se puede mentir de forma descarada diciendo que tienen más votos. Pero no es menos cierto que un Parlamento polarizado como el vasco, que el “bloque” ganador sea el menos votado debería llevar a una reflexión profunda a los líderes políticos vascos.

 

Me imagino que el lector ya se habrá percatado de mi uso intencionado de “españolistas” y “nacionalistas”, frente al usado en estos días de “constitucionalistas” y “nacionalistas”. Este uso tiene el objetivo de desmontar una más de las tendenciosas “percepciones” de los analistas políticos, que consideran que un partido que quiera modificar la Constitución para cambiar el régimen jurídico vasco (pacíficamente se sobreentiende) no es constitucionalista, mientras que Rosa Diez que defiende una modificación de la Constitución para recentralizar competencias en el Estado central si es constitucionalista, lo que vuelve a ser sorprendente, ¿no? Este tipo de “connotaciones” muestra la falta de independencia y rigurosidad de la mayoría de los medios de comunicación estatales.

 

Otra de las grandes mentiras que se están escuchando es que los nacionalistas perdieron votos, lo cual vuelve a ser mentira, ya que en el 2005 PNV-EA y Aralar sacaron 41,01 % y en el 2009 sacaron 48,29 %, eso sí como la participación electoral bajó del 68 % al 65,88 % la suma de votos bajo, igual que pasa con los partidos españolistas. Sin embargo este dato es cierto si sumamos los votos de PCTV (llevaría a los nacionalistas al 53,45%) en el 2005 pero nos negamos a contabilizar los 96.500 (un 8,45 % aproximadamente) votos nulos que se puedan adjudicar a la izquierda abertzale en el 2009 (llevaría a los nacionalistas al 56,74%), pero eso ni es serio, ni ético y sólo es permisible cuando se hace una verdadera campaña de justificación de estas elecciones.

 

Cualquier analista puede hacer una visión personal de los datos electorales y sacar conclusiones de acuerdo con sus puntos de vista o posicionamientos teóricos, lo que no es admisible es que se engañe a la opinión pública sin tapujos, simplemente porque se considera que es resultado es “bueno” desde la mayoría de los medios de comunicación estatales.

 

Interprétese como se interprete, lo que no es discutible es que en las elecciones al País Vasco del 2009 las opciones nacionalistas han sido más votadas que las opciones españolistas y que el aumento espectacular del voto nulo (de 4.035 a 100.924) sólo es justificable por el llamamiento de la izquierda abertzale a esa opción y si sumamos ambas tendencias estas suponen más de las mitad de los electores del País Vasco, sin embargo, salvo sorpresa mayúscula, se formará un gobierno españolista.

 

Y lo que uno piensa modestamente es que cuando el bloque más votado no gobierna y más del 8,00 % de la población no se siente representado en las instituciones y la clara mayoría electoral no puede configurar el gobierno, estamos más cerca de un “golpe de estado electoral” (es decir logrando el resultado deseado modificando las condiciones del sistema electoral a nuestra conveniencia) que de una vuelta a la normalidad democrática.


Dependencia económica o subordinación política

marzo 24, 2009

 Tenemos que volver a denunciar el declive de la economía asturiana, tal y como se refleja en las balanzas fiscales publicadas por el gobierno de Zapatero, y como a través de la dependencia económica de Asturies frente al Estado central, se explica la subordinación de sus dirigentes a los intereses de Madrid. Todos los datos que publican tanto los organismos autonómicos como estatales reflejan claramente dos situaciones, (1) el declive continuo de la economía asturiana desde los años ochenta, colocándose en los últimos puestos en todos los indicadores económicos relevantes y (2) que cada vez más parte de la renta disponible de los asturianos depende de la transferencia de renta del Estado a la Comunidad Autónoma.

 Estos dos factores son consecuencia de la nefasta política económica del gobierno socialista en Asturies y de la incapacidad de los gobernantes asturianos de los tres partidos mayoritarios, PSOE, PP y IU de crear un marco donde Asturies pueda desarrollar unas políticas propias y ajustadas a sus necesidades, cayendo en un grado absoluto de subordinación a los intereses de Madrid. La política económica del gobierno socialista se basa en la inversión en grandes infraestructuras para dinamizar al sector privado y la subvención como forma de mantener el poder adquisitivo de las personas que se expulsan del mercado laboral (las prejubilaciones) y de mantener el empleo mediante distintas fórmulas basadas casi todas ellas en un uso intensivo de las subvenciones provenientes de la UE.

Las consecuencias de esta política es un descenso de la competitividad de las medianas y pequeñas empresas, más preocupadas en ajustarse a las condiciones de las distintas subvenciones y la creación de un mercado laboral de baja calidad para obtener el beneficio empresarial en el recorte de prestaciones salariales, ya que la rentabilidad empresarial es sustituida por la subvención y el beneficio sale de “rentabilizar” dicha subvención. Por otra parte están las grandes infraestructuras innecesarias para desarrollar la economía asturiana, pero necesarias para garantizar el suministro de materias primas (especialmente energía) a economías pujantes como la madrileña.

 Como destaca la propia Federación de Empresarios de Asturias, las infraestructuras que si necesita Asturias para su desarrollo (Autopista del Cantábrico, Tren de alta velocidad, peaje del Huerna, etc.) tiene retrasos totalmente injustificados, sin embargo el interés de gobierno de Asturias esta en las líneas de alta tensión, el Superpuesto del Musel, instalación de regasificadoras y creación de ciclos combinados, embalse de Rede, etc., obras todas ellas innecesarias para el desarrollo de la economía “autóctona”.

Por todo lo dicho en la actualidad, la renta de los asturianos depende en gran medida en la mencionada transferencia de fondos del Estado español a la Comunidad Autónoma. Esto que se podría ver como una muestra de solidaridad, no es más que el precio que tiene que pagar el Estado español para garantizarse la “estabilidad” de una región que se pretende sea la generadora de energía para el resto del estado. Todo lo mencionado se refleja de forma plena en las balanzas fiscales presentadas por el gobierno Zapatero. Y así, las primeras pinceladas del modelo que se presenta desde el Ministerio de Hacienda para financiar el Estado de la Autonomías aterrorizan al gobierno asturiano, porque están orientadas a aumentar la responsabilidad fiscal y obtener los recursos de los impuestos generados en el territorio administrativo correspondiente.

Evidentemente en una economía subvencionada y orientada a garantizar que el resto del Estado sea productivo ¿qué recursos propios vamos a generar? La respuesta del gobierno asturiano es apelar a la SOLIDARIDAD, pero lo que esconde realmente es una apelación a continuar recibiendo fondos estatales sin relacionar esta financiación a ningún tipo de indicador económico ni de desarrollo económico de Asturies. Para ejemplificar este asunto, utilizamos uno de los factores de financiación que con más exigencia reclama en gobierno de asturies, el envejecimiento de la población. Si este criterio se tuviera en cuenta de la forma que desea el gobierno asturiano, se vería reforzada una política económica que nos llevo a ser la Comunidad Autónoma que más licenciados exporta a otras Comunidades Autónomas ante la falta de expectativas laborales derivadas de las políticas comentadas. ¿Cómo se puede justificar que la pérdida de capital humano sea premiada con una mejor financiación? Eso es lo que se llama ser un irresponsable político y no querer asumir las consecuencias de una política desarrollada por el gobierno asturiano.

Desde Asturies deberíamos exigir un modelo de financiación que garantice la capacidad de nuestro país para desarrollar políticas económicas propias y que por lo tanto los asturianos asumamos nuestro futuro de forma plena generando políticas creadas desde Asturies y para Asturies. Eso sí, la ciudadanía asturiana tendría que ser consciente de que las decisiones que tomemos afectarán a nuestro futuro y hacernos responsable de ellas. La solidaridad es básica y necesaria entre territorios y personas, pero cuando la solidaridad no va acompañada de responsabilidad de quien la recibe deja de ser solidaridad para convertirse en dependencia económica y la subsiguiente subordinación política que de ello se deriva.

 También es importante que esta información salga a la vez que el debate estatutario, nos parece que ejemplifica el interés de todas las fuerzas políticas asturianas por “lograr un estatuto de tercera” para que nos sigan gobernando desde Madrid. Cualquier marco competencial que les llevase a tener que responder al deterioro constante de la economía asturiana es rechazado por las fuerzas mayoritarias. Se prefiere depender del Estado central y garantizar un poder adquisitivo mínimo a los asturianos actuales, al precio de hipotecar el futuro de las próximas generaciones y garantizar un marco competencial de tercera que no permita a Asturies poder disponer de sus propios recursos.

La solidaridad interterritorial que solicita el gobierno asturiano no es otra cosa que incapacidad e irresponsabilidad política para gestionar el futuro de Asturies y la oferta de solidaridad que nos lanza el gobierno español no es más que el pago para obtener recursos baratos y externalizar las consecuencias negativas (contaminación, generación de productos de escaso valor añadido, instalaciones potencialmente peligrosas cercanas a poblaciones, etc.) de una economía basada en el uso intensivo de los recursos naturales y en la insostenibilidad ecológica, para asegurar el crecimiento económico de otras zonas del Estado. Lo malo de ser la pila de España, es que las pilas cuando se “gastan” se tiran.


La necesidad de cambiar el impuesto del IBI (La contribución)

marzo 23, 2009

Llevamos una época  escuchando de hablar del “catastrazo” y el aumento del importe del IBI (la contribución). Detrás de este debate y de los injustificables errores de valoración del Catastro como de los abusos sin sentido que está sufriendo la zona rural de Xixón, se esconde una necesidad mucho más importante aunque no sea tan urgente, la reforma del Impuesto de Bienes Inmuebles.

Brevemente indicaremos que el IBI es un impuesto que grava la mera propiedad de bienes inmuebles y se basa en el valor catastral de los mismos. Lógicamente cuando se produce una revisión de los valores catastrales, a pesar de todas las medidas cosméticas que usan los Ayuntamientos, los vecinos sufren una subida en el impuesto difícil de explicar, por varios motivos.

 Primero, cuando yo compro una vivienda para residir en ella, el aumento del valor catastral de la misma no supone un aumento “real” del poder adquisitivo, pero sin embargo si lleva aparejada un aumento en los impuestos que pago. Se puede alegar que si ese propietario vende la vivienda siempre sacará un beneficio importante, pero no podemos olvidar que ya existen otros tributos que gravan ese beneficio, con lo que no se puede justificar un aumento del IBI por esa vía porque supondría decir que estamos gravando dos veces el mismo hecho, lo cual no tiene sentido ni base legal.

Segundo, este impuesto no tiene en cuenta (sólo en casos muy concretos y que afectan a muy pocos contribuyentes) el nivel de renta de las familias. Es decir, que con una vivienda con el mismo valor catastral y en una misma zona, paga lo mismo una viuda con pensión mínima que un ejecutivo que gana una fortuna a base de quebrar entidades financieras. Al margen de usar dos casos extremos, no parece razonable que personas con diferencias de renta familiar muy importantes paguen lo mismo de I.B.I.

 Tercero, se hace pagar a las personas que tiene un piso como vivienda habitual por las actuaciones especulativas de constructores y promotores. Ahora se hace evidente que el valor que alcanzaron las viviendas se debió básicamente a una forma de construir especulativa y alejada de las necesidades de vivienda de los ciudadanos. Sin embargo, una persona que posea su vivienda mucho antes de este fenómeno que hemos sufrido, en una zona donde la especulación haya sido más intensa, se ve afectado por un aumento desproporcionado del valor catastral de su vivienda, sin que le suponga ningún beneficio real. Es totalmente injustificable que nadie tengan que pagar más por su casa porque un fenómeno provocado por otras personas, sin que las instituciones hayan movido un dedo para evitarlo.

Cuarto, no tiene sentido que a las personas que se vieron obligadas a pagar precios desorbitados para adquirir una vivienda, con el sacrificio y dificultades que ello supone, vean como se les calcula un valor catastral basados en esos precios abusivos y por lo tanto paguen un I.B.I. muy alto cuando tienen que hacer verdaderos esfuerzos para pagar sus hipotecas. Este fenómeno es especialmente cruel con los jóvenes que gozando de peores salarios que sus padres, tienen que comprar pisos con precios inflados lo que además repercute en una mayor carga fiscal, realmente incomprensible.

Quinto, los criterios para declarar una zona rústica o urbana a nivel de I.B.I, no lleva implícito una capacidad de poder construir, un mínimo de servicios, una calificación urbanística determinada, etc. lo que permite a los Ayuntamientos hacer verdaderos abusos al calificar como urbanas zonas rurales, sin prestaciones, sin capacidad urbanística sobre sus propiedades y sobre superficies de terreno muy grandes comparadas con un piso (como es habitual en las zonas rurales) lo que hace que el efecto del aumento de valor catastral unido al la calificación de urbana, provoque verdaderas cuotas a pagar absurdas.

En este punto me van a permitir indicar que el comportamiento del Ayuntamiento de Xixón sólo es comprensible como una represalia por las protestas continuas de la zona rural de Xixón ante los abusos que pretende hacer el ayuntamiento con los vecinos de las zonas rurales. Ya somos muchas las personas que estamos destacando que el gobierno de PSOE e IU en el ayuntamiento está basado en un grado de represión sobre todos los movimientos de protesta (recordemos la detención de Cándido y Morala), que no recordamos desde los tiempo franquistas y que difícilmente se toleraría a un gobierno del PP.

Por todo lo que hemos dicho, consideramos que es esencial que se plantee la necesidad de modificar el Impuesto de Bienes Inmuebles, dado que es injusto, hace pagar a personas por procesos especulativos que nada tienen que ver con él y supone un esfuerzo fiscal importante a personas con dificultades para adquirir una vivienda con un precio totalmente desorbitado. Este debate es esencial para evitar otro catastrazo e impedir que justos paguen por especuladores.


Asturies: diez años en guerra (1998-2008)

marzo 19, 2009

Parece increíble que después de la época de paz más larga que ha vivido Asturies en toda su historia, tengamos una pirámide poblacional típica de una situación posterior a una guerra, con una población envejecida, un descenso de la población más joven y gracias a la incorporación de la mujer en el mercado de trabajo, podamos mantener el número de personas en edad de trabajar y que quieren hacerlo. Esta imagen típica de la Europa posterior a la II Guerra Mundial, es la foto de Asturies después de 30 años de gobiernos socialistas.

 

No es tolerable un gobierno que con su política ha llevado a Asturies a perder 42.749 jóvenes menores de 20 años según el INE entre 1998 y 2008 y con una expectativa de perder 17.500 habitantes en los próximos 10 años. Esa pérdida de población además supondrá una pérdida del 25,05 % de los trabajadores entre 20 y 24 años para el periodo 2007 y 2012, según el SADEI.

 

Todo los informes de INE (Instituto Nacional de Estadística) y del SADEI (Sociedad Asturiana de Estudios Económicos) indican que el futuro de Asturies será muy poco viable si no se hace un cambio radical en la política económica y social asturiana. Este cambio difícilmente será posible con presidentes autonómicos que digan que los jóvenes no emigran, las ya populares “leyendas urbanas”, o consejeros que dicen que el desempleo sube menos en Asturies porque soportamos mejor la crisis, cuando los organismos oficiales dicen que se debe a la “huida” de la población más joven y mejor formada de nuestra historia, que emigran para trabajar de una forma digna.

 

Complicado será que Asturies tenga un futuro cuando nuestras organizaciones empresariales dicen que necesitan trabajadores formados y somos la zona de Europa que más licenciados exporta. No todos los empresarios se les debe incluir en el mismo saco, pero un gran sector de ellos busca el beneficio en los “incentivos públicos” y en tener trabajadores en unas condiciones vergonzosas, en vez de buscar el beneficio en la competitividad, innovación, calidad, diferenciación, etc.

 

Difícilmente el “Partido Único” formado por PSOE, PP, IU, FADE, UGT y CCOO, en su lucha por controlar todos los fondos públicos, que en Asturies son más que abundantes y generosos, se ha olvidado de realizar inversiones productivas y crear una verdadera reconversión industrial, mas allá de las prejubiliciones, lo que por si sólo explica el éxodo de la juventud asturiana.

 

Asturies necesita urgentemente empezar a tomar las decisiones sobre su propio futuro y abandonar la política que se basa en no molestar en Madrid para garantizarse los puestos relevantes en la política asturiana. Luego esos mismos políticos no se cansan de “suplicar” el paternalismo del Estado, que vía transferencia de fondos públicos, trata de compensar la bajada constante de nuestra capacidad productiva, como se está viendo en el actual proceso de financiación autonómica. ¿Cómo un gobierno puede tener la falta de vergüenza de solicitar un criterio de financiación basado en el envejecimiento de la población cuando ha “echado” a 42.749 jóvenes en diez años?, es simplemente inconcebible.

 

El futuro de Asturies pasa por tomar nuestras decisiones desde y para Asturies, asumiendo nuestro propio futuro y después de 30 años de autonomía, gritar que ya somos mayores de edad. Si no trabajamos para tener una Asturies políticamente fuerte e independiente de Madrid, nuestro futuro va hacia un callejón sin salida, perdón, siempre tendremos la salida de emigrar.


El problema de la Vivienda

marzo 19, 2009

La crisis financiera actual está afectando de forma muy intensa al sector de la construcción ya que, aunque se están ajustando los precios de las viviendas una vez finalizado el proceso especulador iniciado por el PP y que continuo el gobierno socialista de Zapatero, la dificultad de conseguir hipotecas imposibilita a muchos ciudadanos acceder a una vivienda aunque su precio haya bajado.

En estas circunstancias, la “ocurrencia” de los partidos parlamentarios asturianos es comprar vivienda libre para convertirla en vivienda protegida. Un análisis serio, nos dejará ver que está medida sólo se explica por las presiones de los constructores y que en nada ayudan a los ciudadanos a adquirir una vivienda.

Si el Principado compra una vivienda a un constructor a un precio concreto, pueden pasar dos cosas (1) que el Principado no la vendan, con lo que los costes financieros de la operación la soportaremos los ciudadanos a consta de garantizar el beneficio empresarial del constructor y (2) que el Principado venda esa vivienda. En el primer supuesto, que el Principado tenga una vivienda vacía no parece que garantice el acceso a la vivienda a nadie y en el segundo, parece más sensato que el Principado avale al ciudadano para lograr una hipoteca y que este compre el piso directamente al constructor, que si esta dispuesto a venderlo a un precio concreto al Principado, parece razonable que lo mantendrá al comprador individual.

En cualquiera de los dos casos ¿qué beneficio sacamos los ciudadanos de la intervención del Principado?, evidentemente ninguno. El que logra reducir sus costes financieros por no tener pisos en stock, que evidentemente tiene financiados (los últimos coletazos de los tiempos de las hipotecas fáciles) y le ahogan los intereses, son los constructores.

En el caso de que el Principado sacará más viviendas de protección pública de nueva construcción, los únicos perjudicados serían los constructores que se verían obligados a vender a precios normales (que nadie nos tome por tontos, las viviendas de protección oficial las hacen también constructoras que obtienen beneficios) los pisos en stock o a soportar ellos directamente el coste financiero de no venderlos. Los ciudadanos por su parte tendrían una verdadera oferta pública de vivienda y a su vez disfrutarían de la normalización en los precios de la vivienda libre. Sí, querido/a lector/a ¿para qué narices interviene el Principado? Sin duda ya sabe la respuesta, para ayudar a nuestros amigos los constructores.

En un principio tampoco sería algo negativo que un gobierno de izquierdas intervenga en un sector en crisis por circunstancia coyunturales para ayudarle a salir de tales circunstancias. Lo que es más difícil de comprender es que ese sector es uno que ha obtenido unos beneficios más desproporcionados, basados en una actividad básicamente especulativa, en el crédito barato que facilitaba las nuevas promociones y que permitía a los ciudadanos acceder a viviendas con precios abusivos. Ante el fracaso de las políticas liberales y la inactividad de la “izquierda plural” para tomar medidas que evitaran el carácter especulativo de las inversiones en “ladrillo” y el endeudamiento excesivo de las familias para acceder a una vivienda, el gobierno asturiano apuesta por el “socialismo de los ricos” cargando los costes financieros de los constructores en el resto de los ciudadanos.

Usted que primero no pudo acceder a la vivienda por los precios abusivos de las viviendas, se ve ahora subvencionando los costes financieros del exceso de construcciones existentes en el mercado. Esta situación se deriva de la propia política empresarial que el sector ha llevado en los últimos años. La nueva política de la “izquierda plural” del PSOE e IU es dar al que más tiene y ayudar a los que abusaron de su posición. Vivir para ver.