El negocio del derecho a la vivienda

 

El sorprendente artículo de la Consejera de Bienestar Social y Vivienda, Noemí Martín, “La vivienda es un derecho, no un negocio” ( http://www.lne.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009062500_42_773387__Asturias-vivienda-derecho-negocio ) convierte el dinero para mantener las promociones privadas de pisos que actualmente no se venden en un modelo social de política de vivienda. Así comprar pisos libres para convertirlos en pisos de protección oficial sin salida en el mercado, es decir que se los quedará Vipasa (empresa pública para la promoción de vivienda básicamente) o subvencionarlos, es la gran apuesta de la Consejera de Vivienda.

 Noemí Martín comienza diciendo en su artículo que su política busca “que la especulación inmobiliaria deje paso a la planificación de las necesidades y la prevalencia del interés general” y yo me pregunto que si prima ese interés general por qué se mantienen los planes desarrollados anteriormente diseñados en plena época de especulación urbanística o por qué no se paralizan los proyecto de construcción de viviendas fuera de las necesidades de los ciudadanos y cuya única función es aumentar el censo de viviendas vacías.

 El segundo punto que destaca la Consejera de Vivienda es el aumento de fondos públicos para su área y el aumento del parque de viviendas disponibles con algún tipo de protección. Este aspecto que podría parecer positivo, va a tener un efecto “perverso” en el acceso a la vivienda de los asturianos, porque fundamentalmente los fondos públicos, esos 280 millones de euros, se usarán para convertir pisos libres, es decir de promociones privadas y diseñadas para venderse a precio de mercado en pleno boom inmobiliario, en viviendas con algún tipo de protección, es decir facilitar que los promotores puedan sacar su stock de viviendas aprovechándose de subvenciones públicas.

 De las “casi 11.000 viviendas protegidas nuevas” que se garantizan su construcción, la inmensa mayoría ya estaban proyectadas por los promotores privados o eran planes para desarrollar por la iniciativa privada en su gran parte como los casos que menciona de Prado de la Vega en Oviedo, Roces en Gijón, o La Magdalena en Avilés, que por arte de magia se han convertido en públicas. Dato que nuestra Consejera omite, ya que quitaría mucho “gancho” a su escrito.

 Podría decirse que en todo caso logramos pisos más baratos, pero tampoco es cierto dado que si invirtiéramos ese dinero en realizar promociones públicas o fomentar el cooperativismo de viviendas, obligaría a los promotores a bajar los precios tal y como está pasando en otras zonas del estado, de hecho incluso por debajo de los precios máximos para viviendas de protección oficial. Es decir la Administración Pública está garantizando un precio mínimo y financiando con dinero público, promociones privadas que actualmente en el mercado no tendrían salida.

 Sin embargo el aspecto más demagógico del escrito es el que se refiere a garantizar el empleo ya que la Consejera indica que “La ejecución de las inversiones previstas supondrán la creación de empleo y el impulso a la actividad económica en general” pero (1) si lo que se quiere es garantizar que las promociones no se paralicen, existen mecanismo legales para obligar a que se realicen en los plazos establecidos por los planes urbanísticos correspondientes, lo que sin duda exige voluntad y coraje político pero no dinero y (2) estamos gastando dinero en viviendas ya construidas, para pasar pisos libres a una bolsa de viviendas públicas, en vez de invertir en nuevas promociones públicas de vivienda, dejando que los promotores privados asuman su riesgo empresarial, que por cierto les ha dado increíbles beneficios que ahora nadie saben donde están. Además, las promotoras a las que se le “inyecta” dinero público no van a construir más viviendas que las que tiene proyectadas y que como indicamos se les puede obligar a terminarlas.

 No vamos a negar que las ayudas públicas facilitan el acceso a la vivienda a los ciudadanos, faltaría más, pero la política asturiana está mucho más orientada a facilitar a los promotores privados a sacar su stock de vivienda que a garantizar el derecho a la vivienda. Una política social de vivienda debería basarse en dos aspectos fundamentales (1) sacar los pisos vacíos al mercado a través de una fiscalidad muy dura sobre ellos y (2) el cooperativismo de vivienda y la promoción pública sobre demanda, es decir recogiendo las necesidades de vivienda de los ciudadanos y planificar las nuevas viviendas sobre esos datos y no sobre “expectativas” o “oportunidades” de negocio que es como se diseñaron las viviendas donde se va a ir la parte más importantes del dinero de la Consejería de Noemí Martín.

 Por eso rogaría que el negocio del derecho a la vivienda que nos propone IU, se convierta en una política social de vivienda basada en las necesidades de los ciudadanos y no de las grandes promotoras.

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One Response to El negocio del derecho a la vivienda

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