Insumisión fiscal

 

Tribuna publicada en El Comercio el sábado 28 de abril de 2012.

 

El 30 de marzo de 2012, la poca legitimidad que le quedaba al estado se fue por el desagüe, el gobierno del PP daba una amnistía fiscal a los defraudadores de impuestos y a quienes evaden capitales. La gravedad del hecho pone en cuestión la capacidad del estado de exigir a sus ciudadanos el cumplimiento de unas leyes que el propio estado “excepciona” para ciertos estratos de la sociedad, los más privilegiados para ser exactos.

La “excusa” es que ante las impresionantes peligros por los que pasa España (tenemos que recaudar 2.500 millones de forma urgente) y por la dificultad de perseguir tales infracciones, dificultad desmentida por los propios técnicos de Hacienda que dicen que sólo son necesarios más recursos para inspeccionar, recursos que se recuperan de forma inmediata con la mejora de la propia recaudación. Vamos que Montoro miente más que habla, y quieren hacernos pasar como una mejora de la recaudación el hecho de renunciar a recaudar miles de millones de euros por gracia de San Mariano. A la gravedad del hecho de no perseguir el delito, se une que los defraudadores pagarán menos que quienes hayan cumplido con la Hacienda Pública, lo que es ciertamente lamentable.

También produce cierto rubor que los mismos políticos que quieren convertir el exceso de gasto en un delito, como defiende el PP, sin embargo establecen una amnistía que reduce la capacidad de ingreso del Estado. Para pagar la deuda pública tan válido es controlar el gasto como mejorar la recaudación, pero sólo a quiénes se salten el control del gasto pueden sufrir castigo por ello, la recaudación no sólo se obvia si no que se premia a quién defrauda.

El problema es sencillo, por qué tengo yo que respetar norma alguna si se indultan a los responsables de ciertos delitos, económicos por supuesto, a defraudadores y a los cargos públicos les sale a precio de saldo robar. Qué responsable político se puede permitir decidir que delitos se castigan y cuáles no. En definitiva, la arbitrariedad del gobierno del PP les hace culpables de romper un acuerdo básico del Estado con su ciudadanía, la obligación del primero es hacer respetar las normas que ha promulgado con independencia de a que ciudadano se la aplica, grupo social, religioso o de cualquier otra característica. Que la ley se nos aplicará a todos por igual es imprescindible para poder hablar de democracia.

Lo irónico es que somos los que criticamos este tipo de actuaciones los que ponemos en peligro la democracia, la argumentación es irónica, si usted critica lo que la democracia hace mal, la pone en peligro, no los que la gestionan de forma fraudulenta. Si una idea como la democracia se pervierte tanto que acaba siendo irreconocible, su espacio será ocupado por el populismo, como ya ha pasado en otras épocas históricas, ninguna de ellas de grato recuerdo.

Ante esta situación, el derecho a la rebelión tiene que ponerse encima de la mesa, derecho que defendían hasta los pensadores más autoritarios como Hobbes (el hombre es un lobo para el hombre), porque en el pensamiento político occidental una premisa siempre destaca, el que ostenta el poder hace las leyes y las hace cumplir, en caso contrario el súbdito tiene derecho a sublevarse. No se puede hacer caer el peso de la ley sobre el sublevado, cosa que es necesario por parte del tirano para defender su arbitrariedad, si no que hay que hacerlo caer sobre quien rompió el pacto social en el que se basa todo estado, el hacer cumplir la ley a todas y todos por igual.

Por ser proporcional a la actuación gubernamental (amnistía fiscal), el derecho de rebelión debería centrarse en la insumisión fiscal. Está claro que el Estado que no castiga a un ciudadano por defraudar impuestos, no puede sancionar a otro por hacer lo mismo. Por lo tanto, calcule su declaración de la renta para pagar un 10% de sus ingresos y no pague el IVA de lo que compre (el 50% de lo que pagamos a Hacienda es IVA). Sencillo y demoledor, el Estado se derrumbaría en dos o tres meses, y sin violencia.

Si toda la ciudadanía pagara un 10% de impuestos de sus ingresos, el gobierno rectificaría tan rápido y ofrecería el tributo que fuera necesario para que nosotros, ciudadanos conscientes de que lo somos, olvidáramos la vulneración flagrante del pacto social que han cometido, incluso podríamos pedir la cabeza del rey (=mandatario) y se nos serviría en bandeja de plata con la de todos sus secuaces.

Lo más alarmistas dirán que defiendo caos, todo lo contrario defiendo el orden, quienes defiende el caos son quienes no hacen cumplir las leyes promulgadas democráticamente, y por lo tanto, se pone al lado del tirano que hace y deshace sin control alguno, lo que tarde o temprano sólo puede llevar a una conclusión, el colapso del sistema.

Muchas de las revoluciones occidentales, como la americana contra Inglaterra, se basaban directamente en este principio, que la ley la cumplamos todos por igual, así los americanos querían ser ingleses con todos sus derechos y fue Inglaterra quien se lo negó, y ante esta negativa tuvieron que convertirse en ciudadanos americanos. Es el momento de exigir ser ciudadanos en mayúsculas.

Pero no nos equivoquemos, el nuevo tirano no es Rajoy, sino el MERCADO, a quien no se puede guillotinar ni fusilar, pero si se puede combatir con un arma muy poderosa, la DEMOCRACIA, pero eso exige demócratas que pidan una ciudadanía plena, y sólo el miedo a ser ciudadanos hará que el mercado triunfe, o le que es lo mismo, que perdamos el 99%.

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: