Normas Cívicas o de Convivencia en Asturies

diciembre 23, 2013

Artículo publicado en Contracorriente 29 (revista de la Corriente Sindical d’Izquierdes), páginas 14 y 15.

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Últimamente la aplicación de las conocidas como Normas Cívicas o de Convivencia vuelven a generar polémica, sobre todo por los problemas que están surgiendo en las dos principales ciudades asturianas en cuanto población, Xixón y Uviéu. Así, los culos moyaos encontraron vallada zonas de Cimavilla y una actividad policial más que agresiva para impedir el fenómeno del botellón, y los carbayones se tiraron de los pelos al saber que su Ayuntamiento multa con 200,00 € a una persona sin casa por dormir en la calle.

La primera reflexión es que no podemos caer en la tentación de creer que esto es un fenómeno que pasa en las ciudades gobernadas por la “derecha”, y que por eso está pasando lo que pasa en Xixón y Uviéu, gobernadas por Foro y PP respectivamente. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), elaboró una Ordenanza Tipo de Convivencia Ciudadana de forma consensuada entre el PP y el PSOE, y por poner otro ejemplo, en Xixón el PSOE siempre tuvo el anhelo de lograr aprobar una norma de este tipo.

La segunda reflexión tiene que ir vinculado al tema del botellón, tema estrella con la que los gobiernos buscan el apoyo ciudadano, dado que es cierto que hay ciudadanos que sufren importantes molestias por el ocio nocturno, pero este tema suele ocupar una mínima parte de las Normas Cívicas o de Convivencia pero el resto de las mismas quedan eclipsadas por este tema estrella, y luego su aplicación suele centrarse en el botellón “popular” (contra la gente que no compra el alcohol en bares y pubs) y el botellón “legal” (terrazas, salidas de discotecas, gente fumando en puertas de locales, etc.) y sus molestias continúan como si nada.

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Una vez aprobada la norma gracias a enarbolar el tema de botellón, entrevistar a pobres vecinos que no pueden descansar, señoras mayores que sufren la suciedad en sus portales y sus consecuencias, etc., empieza su aplicación, y con ella los efectos reales de estas normativas orientadas sencillamente a cercenar los derechos y libertades ciudadanas, y a aplicar una represión atroz contras las personas más desprotegidas, pero que tanto molestan a ciertos sectores de la población, las prostitutas y los mendigos. Todo lo cual se refleja en una idea, la privatización del espacio público y la expropiación de su uso a la ciudadanía en general y a los movimientos sociales, sindicales, políticos y reivindicativos en particular
Las herramientas principales para llevar a cabo tal recorte de derechos y libertades son las siguientes; esconder bajo la limpieza y pulcritud la imposibilidad de usar espacios públicos para cartelería, reparto de folletos, pegatinas de cualquier tipo, etc., reservando todo mensaje en la vía pública al sector privado (mupis, carteles publicitarios, etc.) o los escasísimos espacios públicos para tal fin y de escasísima repercusión y visibilización. Esto ya supone una vulneración de los derechos constitucionales de participación política, porque quieren limitar, en la práctica, nuestra libertad de información y expresión por meras normas administrativas.

Otro mecanismo es la arbitrariedad en la aplicación de la norma, a través del uso de términos jurídicos indeterminados, que dejan en manos de la autoridad competente calificar como sancionables actitudes, propósitos, intenciones, etc., convirtiendo en casi imposible para el ciudadano saber qué tipo de actuaciones pueden ser sancionadas y cuáles no. La lógica es sencilla, aplicar la norma sólo a ciertos colectivos y/o personas, y por otra parte la propia autocensura y miedo a usar el espacio público con un uso social, dado que nunca podrás saber si te sancionarán por lo que vas a hacer o no. La inseguridad jurídica que provoca esta forma de actuar es una de las herramientas más efectivas contra las libertades de las personas, porque no es necesario llegar a la sanción, ya que provoca un miedo generalizado a que te sancionen (algo muy utilizado por los estados no democráticos).

En la misma línea se aplica de forma desmesurada la “obligación de vigilar” de los colectivos que organicen actividades, porque si alguno de los participantes no respeta la mencionada Norma Cívica o de Convivencia, exige a los organizadores que lo pongan en conocimiento de la Policía o en caso contrario podrán ser sancionados. Si esto lo unimos al punto anterior, la imposibilidad de saber a la hora de la verdad por qué te pueden sancionar y por qué no, tanto la represión contra colectivos como el miedo de éstos a hacer cualquier actuación acaban de multiplicarse exponencialmente.
Y quizás donde más visible sea el carácter totalmente retrogrado y humillante para la ciudadanía de este tipo de Normas Cívicas o de Convivencia, es en cómo trata a las personas con más necesidades, que aunque a algunos les cuesta entenderlo, son ciudadanos exactamente con los mismos derechos que los que por suerte, y por ahora, no estamos pasando por esas circunstancias. Así el objetivo básico es sacar de la calle las miserias de este mundo, para que podamos vivir y pasear tranquilos por nuestras villas y ciudades.

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Eso se logra a base de presionar a las prostitutas, normalmente sancionando a los clientes porque somos muy progresistas, lo que conlleva a que ejerciten la prostitución en sitios más alejados de las zonas pobladas, con más inseguridad y en peores condiciones si cabe. Y luego, prohibir que las personas sin recursos puedan estar a la vista de la gente de bien, prohibiendo la mendicidad, normalmente a través de algún subterfugio como la mendicidad agresiva, dormir en la calle o cualquier espacio público, usar los bancos para un uso distinto para el que se diseñaron, etc. Cualquier persona que apruebe, por acción u omisión, este tipo de actuaciones sobre los sectores más débiles y desprotegidos, no merece que se le incluya en la categoría de ser humano.

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Finalmente, debemos estar atentos a los intentos de la “izquierda institucional” de organizar Plataformas contra las Normas Cívicas o de Convivencia, como paso recientemente en Xixón, que critica a la derecha por la “forma” de aplicar estas normas con un exceso de autoritarismo y poca sensibilidad social, y en definitiva de falta de mano izquierda. Ni con mano izquierda ni con mano derecha, las Normas Cívicas o de Convivencia son instrumentos de los sectores privilegiados para limitar vía sanciones económicas de tipo administrativo, que no tienen las garantías procesales de otro tipo de sanción como las penales o a la hora de limitar expresamente un derecho constitucional, un recorte efectivo de nuestros derechos y libertades fundamentales, ante lo que sólo hay una respuesta para una persona democrática, la desobediencia civil e insumisión a las mismas, como herramienta contra un arma de destrucción masiva de nuestra libertad que quieren esconder tras la palabra convivencia o cívico.