“Caso Marea”, “caso Musel” y el pacto del silencio

Es cierto que en Asturies existe un pacto, un pacto político que abarca desde los partidos, a la Administración Pública y, en buena medida, a la judicatura: es el pacto de silencio frente a los casos de corrupción que recorren la espina dorsal de las instituciones asturianas.

La sentencia del “caso Marea”, con la condena a seis años de cárcel al exconsejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre, y mano derecha del expresidente de Asturies Vicente Álvarez Areces, ha puesto sobre la mesa un secreto a voces: la corrupción en Asturies no es un tema de manzanas podridas, es un tema estructural.

No es casualidad que dos de los casos más grandes de corrupción en Asturies, como son el “caso Musel” y el “caso Marea”, se hayan sacado a la luz gracias a dos partidos extraparlamentarios, Andecha Astur y Bloque por Asturies (quien sí tenía representación parlamentaria durante su pacto con Izquierda Unida-Los Verdes) respectivamente, y solo la entrada de un partido nuevo como Podemos en las instituciones asturianas ha permitido que estas acusaciones sigan adelante.

Tampoco es casualidad la denuncia de uno de los jueces instructores del “caso Marea”, Ángel Sorando, de la “omertá”, o ley del silencio siciliana, que opera en la Administración Pública asturiana. Una ley del silencio que deriva del control político que la Federación Socialista Asturiana siempre quiso imponer al funcionariado autonómico, al punto de declararse ilegales por los tribunales numerosos puestos cubiertos a “dedo” por los gobiernos socialistas.

Podríamos pensar que esta forma de actuar es un caso aislado, una trama concreta, pero la misma forma de actuar la encontramos en el “caso Musel”, donde la Justicia recriminó directamente a las administraciones implicadas el negarles la documentación solicitada y de causar demoras en el procedimiento.

Esas demoras hicieron que la Corporación Masaveu “saliera de rositas” de un fraude fiscal de 80 millones de euros vinculado al “caso Musel”, porque el presunto delito ya había prescrito. No debemos olvidar que la Federación Socialista Asturiana premió a la Corporación Masaveu con la medalla de oro del Principado de Asturies en el año 2015, cuando ya estaba siendo investigada por el “caso Musel”.

Así, las actuaciones judiciales en esta trama solo se pusieron en marcha ante la denuncia de las numerosas irregularidades detectadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), que llevaron a la Unión Europea a anular las subvención de 250 millones de euros concedida a la ampliación del puerto. ¿Cómo es posible que la Fiscalía o Abogacía del Estado no hayan iniciado actuaciones donde las instituciones europeas encontraron incontables anomalías, tanto en la ejecución de la obra como en la ampliación del presupuesto aprobado?

El Caso Marea y el Caso Musel son dos ejemplos de un problema mucho más grave que afecta a las instituciones asturianas, una ley de silencio ante la que tenemos que levantar la voz, que se escuche que se acabó la impunidad, y eso es tarea de todas y todos.